Hoy, reportar una vulnerabilidad de forma responsable puede traer riesgos legales. Una política de puerto seguro cambiaría ese incentivo perverso y fortalecería el ecosistema digital del país.
Uno de los pilares menos discutidos —pero más críticos— de una estrategia moderna de ciberseguridad es la protección legal para quienes ayudan a mejorarla: los investigadores de seguridad.
Hoy en Ecuador, una persona que descubre una vulnerabilidad y decide reportarla de forma responsable puede enfrentarse a riesgos legales significativos. Esto genera un incentivo perverso: es más seguro no reportar, o incluso ignorar el problema, que ayudar a solucionarlo.
Esto debe cambiar.
Una política de safe harbor (puerto seguro) establece reglas claras: si un investigador actúa de buena fe, sin intención maliciosa, y sigue procesos responsables de divulgación, no debe ser perseguido legalmente. Este tipo de protección ya existe en muchos países y ha demostrado ser fundamental para fortalecer ecosistemas digitales.
Implementar safe harbor en Ecuador traería varios beneficios inmediatos:
- Fomentaría la divulgación responsable de vulnerabilidades
- Mejoraría la seguridad de instituciones públicas y privadas
- Reduciría el tiempo de exposición a fallas críticas
- Generaría confianza entre investigadores, empresas y el Estado
Además, permitiría estructurar mejor programas de bug bounty y canales formales de reporte, alineando al país con prácticas internacionales.
La nueva ley de ciberseguridad da algunos pasos en la dirección correcta, incluyendo ciertas protecciones para pentesters. Sin embargo, todavía estamos lejos de un esquema claro, amplio y funcional de safe harbor. Este debería ser un punto prioritario en las mesas de trabajo para la estrategia nacional.
Si queremos un Ecuador más seguro digitalmente, necesitamos dejar de ver a los investigadores como un riesgo — y empezar a verlos como aliados.
